El pacto educativo: nueva amenaza para la escuela pública

La mágica palabra: el pacto

Es un lugar común afirmar que el gran problema de la educación es la falta de un modelo educativo consensuado consecuencia de la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios que se han turnado en el gobierno. Se habla de la necesidad de alcanzar un pacto en educación como si éste fuera el bálsamo de Fierabrás que calmaría las agitadas aguas del mundo educativo.

Presuponer que la falta de un pacto en educación es el gran problema es obviar la existencia de otros que, a nuestro entender, son mucho más esenciales: las condiciones de escolarización del alumnado (número de alumnos por aula y calidad de los centros), las condiciones de trabajo del profesorado (horas lectivas, formación, apoyos etc.), la reducción de la inversión, el despido de miles de interinos e interinas, la financiación pública de centros privados en detrimento de la escuela pública,… son también problemas que un pacto educativo por la escuela pública debiera abordar.

Pero aun aceptando la conveniencia de un pacto, ¿qué pacto podemos esperar en el actual contexto político internacional y estatal?

Contexto estatal e internacional

Los cambios que se están produciendo en el sistema educativo del Estado Español se hacen en un contexto de cambios con carácter internacional. Las reformas se encaminan a la desregulación, la externalización y la privatización, abriendo en este campo un gran negocio a medida de las exigencias de la economía capitalista.

La desinversión (léase, recortes), la precarización y el desmantelamiento de la escuela pública llevados a cabo en los últimos años constituyen en estos momentos el marco del cual se parte para abordar la propuesta de un pacto educativo, pacto que, por otra parte, se ofrece ante la nueva situación política y como respuesta a las multitudinarias protestas contra la LOMCE por parte de la comunidad educativa.

El actual marco legislativo está compuesto por la LOE (2006) y la LOMCE (2013.) La LOE, promovida por el PSOE- ya ahondaba en los males provenientes de la legislación anterior, agravados por las concesiones a la patronal, la Iglesia Católica y el PP que se produjeron a lo largo de su tramitación: en el texto de la LOE queda claro que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados, reforzando la privatización, la mercantilización de la educación, la introducción de criterios empresariales en la gestión de la escuela y el alejamiento de la gestión democrática de los centros. Ambas leyes son fruto de un concepto neoliberal de la educación que pretende adaptarla a las necesidades del mundo de la empresa.

Así, la LOMCE no deroga la LOE que sirve perfectamente como marco en el que desarrollar sus nefastas políticas con un efecto demoledor para la escuela pública: el despido de miles de docentes, la desaparición de la atención a la diversidad, la instauración de un sistema antidemocrático en los centros educativos, el recorte generalizado de plantillas o el cierre de aulas públicas mientras se destinan ingentes recursos a los centros privados concertados.

¿Una LOMCE maquillada?

Por tanto, dados los precedentes, un pacto en educación, que necesariamente pasa por un acuerdo entre populares y socialistas, podría dar lugar a una nueva ley, no tan distinta de las anteriores, una especie de LOMCE maquillada pues el consenso al que lleguen tanto el Partido Popular como el PSOE se dará dentro de las coordenadas neoliberales que fomentan una gestión empresarial de los centros docentes, con centros y profesorado compitiendo entre sí.

El aparente éxito de las movilizaciones contra las reválidas ha de ser tomado con cautela: por una parte, el gobierno necesitaba ganar tiempo en un momento de gran inestabilidad política debido al resultado de las elecciones; por otra, mantiene inquebrantable su deseo de mantener las reválidas de una forma u otra. Prueba de ello es que el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE, deja claro que las modificaciones en la evaluación de 4º de ESO (ahora muestral y con finalidad diagnóstica) y 2º de Bachillerato (ya no es un requisito aprobarla para obtener la titulación) se mantienen “hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación”, es decir, no hay una voluntad decidida de eliminarlas definitivamente. Los socialistas, por su parte, pasaron de exigir la derogación de la LOMCE, a conformarse con la “retirada” de las reválidas y la negociación de un pacto, (algo que, por otra parte, ya había intentado el Sr. Gabilondo en el último gobierno de Zapatero). Además, el PP ha manifestado su voluntad de llevar al Tribunal Constitucional cualquier intento que suponga la paralización de la LOMCE (alegando la pérdida de fondos europeos y la modificación presupuestaria a la que esto llevaría). Es decir, hará todo lo posible para que ese futuro pacto recoja los aspectos fundamentales de “su” ley.

Un pacto sin presupuesto

Los presupuestos en educación en el conjunto de las administraciones se han reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). Con respecto al PIB, el gasto total en educación ha descendido en España a partir de 2009, pasando de un 5,07% del PIB en este año a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%), siendo uno de los más bajos de Europa. Para el año 2017 está previsto que este porcentaje caiga por debajo del 4%. Además, en la elaboración de los presupuestos (que aún no han sido presentados, pese a las prisas iniciales manifestadas por el gobierno), se ha de contemplar la exigencia de la UE de reducción del gasto público en torno a 7.000 u 8.000 millones de euros. Si a esto añadimos que durante los ocho años de “crisis” se ha procedido al despido de decenas de miles de docentes interinos, se ha reducido el sueldo del profesorado, se ha aumentado el número de alumnos por aula y se ha aumentado la carga lectiva y burocrática ¿qué tipo de pacto educativo podemos esperar?

El profesorado en el centro del huracán

Es otro lugar común resaltar el papel central que el profesorado juega en cualquier reforma educativa. Se suele señalar la necesidad de contar con su apoyo para llevarla a término. Se argumenta también la importancia del acceso a la función pública, la necesidad de la formación permanente, del dominio de las nuevas tecnologías, de la adaptación a la realidad del siglo XXI, de la innovación educativa,… Estos argumentos suelen ir acompañados de buenas palabras respecto a mejorar la consideración social que el trabajo del profesorado debiera tener, a la par que se hace recaer sobre él la responsabilidad de los resultados del sistema educativo, haciéndole el gran responsable, al margen de cualquier otra consideración. Es por ello que toda reforma debe ir acompañada de algún contenido que pueda seducir al profesorado. En el caso del Pacto Educativo, se trata del Estatuto Docente y de la Carrera Profesional; por ello, es conveniente saber de qué se trata y de cuáles pueden ser sus consecuencias.

¿Qué es un Estatuto Docente?

Es una norma legal que regularía todo lo relativo a la profesión docente: clases de funcionariado, estructura y ordenación, acceso, derechos y deberes, sistema retributivo… Plantea un nuevo marco de relaciones laborales que puede suponer un cambio radical de las condiciones laborales y retributivas del profesorado al pretender asimilarlas a las de las empresas privadas (jerarquización, incentivos salariales,…). También podría llevar aparejada la eliminación de derechos asociados a la condición de funcionario o funcionaria, como el puesto de destino fijo. El señuelo es la carrera profesional o carrera docente.

¿Qué es la carrera profesional docente?

Es un modelo jerarquizado de carrera basado en la evaluación del profesorado y en incentivos económicos. Parte del supuesto de que los incentivos económicos supondrán el estímulo a partir del cual se incrementará la calidad de la enseñanza. Incluso a quien le suene bien, ha de tener en cuenta el contexto presupuestario del que hablábamos antes. Aunque no se dice, habrá menos dinero en educación, por lo que los incentivos económicos serán para una minoría; la mayoría no pasará de los primeros peldaños de la carrera. Es una medida que ahonda en el ahorro.

Como consecuencia, la carrera se convertirá en una competición, fomentando el individualismo del “sálvese quien pueda”; justo lo contrario de lo que la educación necesita: trabajo cooperativo y coordinado de todos los miembros de la comunidad educativa.

Otro efecto perverso de la carrera es el hecho de el profesorado ha de someterse a evaluaciones continuas para lograr los incentivos. Esto refuerza el carácter antidemocrático de los centros, dotando a las direcciones de un enorme poder. Paralelamente, el espíritu crítico, vital en educación, irá desapareciendo de los claustros. ¿Quién se atreverá a disentir si su promoción depende de una evaluación realizada por la dirección? Y que nadie piense que esa carrera tendrá que ver con la “Ley de Evaluación” (mal llamada carrera docente, que no lo es) de Asturies. Unos incentivos económicos limitados harán que la evaluación pase de ser un mero trámite a un auténtico filtro.

No se conoce el contenido que tendrá el Estatuto Docente ni como se articulará la Carrera Profesional, pero el Secretario de Educación, Sr Marcial Marín, declaraba sin tapujos, en una entrevista concedida en enero, que el estatuto docente supondría el cobro por objetivos y un endurecimiento de las condiciones de acceso. El problema es que incluso en sectores “progresistas”, en vista del deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado, la idea de la carrera profesional parece haberles subyugado como si, por arte de magia, la competencia por el logro de esos incentivos conllevase sin más la mejora del sistema educativo. Obvian o ignoran los tremendos riesgos que conlleva para el profesorado y la escuela pública al no considerar el contexto económico aludido, por una parte, y el contexto ideológico subyacente.

Aviso a navegantes: haciendo memoria

Para tener una idea de a qué podemos enfrentarnos, y a falta de conocer tan siquiera un borrador del Estatuto, conviene recordar el único borrador de Estatuto completo que se conoce, el que hace diez años presentó el gobierno socialista.

Dicho proyecto de ley presentaba una carrera docente en la que los sexenios eran sustituidos por “grados”. Había ocho y se necesitaban entre tres y seis años, “según méritos”, para pasar de un grado a otro. Para ello había que pasar la correspondiente “evaluación voluntaria”.

Respecto a las repercusiones laborales recordemos las siguientes: movilidad forzosa, impartición forzosa de “afines”, posibilidad de subcontratación de personal docente para la empresa privada, posible expulsión del cuerpo de funcionarios, retribuciones diferenciadas en función de la “especial dedicación”, etc.

Un pacto por la escuela pública

Sí, es necesario un pacto, pero un pacto por la prioridad de la escuela pública que suponga la progresiva desaparición de los conciertos, un pacto por una escuela bien financiada (incremento progresivo hasta el 7% del PIB), una escuela pública que mantenga la equidad de la que hoy goza y mejore la calidad, no de una parte selecta del alumnado, sino de éste en su conjunto.

Jesus de la Roza es miembro del Secretariado de SUATEA.

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