Néstor Cenizo
El despacho de María Dolores Ramos es lo que se puede esperar que sea el despacho de una catedrática de Historia Contemporánea. Hay papeles y carpetas en cada rincón y pilas de libros en un aparente desorden que no es tal: los libros, donados por Iris Zavala, están amontonados siguiendo un criterio de género. Tres fotografías de Victoria Kent decoran las paredes. Son el homenaje a la ilustre jurista y política republicana “como malagueña, como penalista y como “feminista social””.
Estamos aquí porque Ramos es una de las mayores especialistas en Historia de Género de la universidad española y porque sus investigaciones han permitido explicar asuntos como la resistencia antifranquista a través de la memoria oral o el papel de las mujeres en la Segunda República. Entre la pila de libros aparece una recopilación de las historias de Ama Rosa, el exitoso serial radiofónico de los años 60: “Un serial como este dice mucho de la historia de las mentalidades, tradiciones, culturas, relaciones hombre-mujer, sacralización del matrimonio o las relaciones extramatrimoniales durante el franquismo”.
La decisión del nuevo Gobierno de orillar la derogación de la infame reforma laboral del PP, apelando a la “aritmética parlamentaria”, no puede haber cogido por sorpresa a nadie. Pedro Sánchez hizo bandera de este asunto en su primera vida como secretario general del PSOE, pero se cuidó de incluirlo en los programas electorales de 2015 y 2016. Tampoco figuraba en el fallido pacto de investidura con Ciudadanos, que hablaba genéricamente de “recuperar el equilibrio de las relaciones laborales”. Y la actitud del ahora presidente durante el debate de la moción de censura fue muy resignada, pese a la insistencia de algunas fuerzas políticas, en especial Unidos Podemos, para que adquiriera un compromiso claro al respecto.
La operación de imagen del PSOE en el gobierno en relación a la ‘política de extranjería’ está llena degestos simbólicos (acogida de los inmigrantes del Aquarius, retirada de las ‘concertinas’ de Ceuta y Melilla, recuperación de los derechos sanitarios de los ‘sin papeles’), de imagen humanitaria ‘de izquierdas’, que no cambian ni la esencia ni la raíz de la política de ‘racismo de estado’ que venía practicando el PP y en la que ambos partidos tienen un consenso básico (como en todo lo que denominan ‘políticas de Estado‘: ley de extranjería y CIEs, déficit y deuda pública, cuestión nacional y política represiva, desahucios y vivienda, legislación laboral y derechos sociales…).
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha asegurado este martes que el rey emérito tendría que haber declarado “como imputado” por la donación de 1,5 millones de euros que le hizo a la infanta Cristina para comparar el palacete de Pedralbes.
Ramón Alonso
La actual monarquía española se origina en una decisión del dictador fascista Franco que, tras derrocar el legítimo régimen democrático de la segunda república mediante un intento de golpe de estado y una cruenta guerra civil, reinstauró la monarquía designando como su sucesor a título de rey al entonces príncipe Juan Carlos. La buena relación entre ambos no ha sido nunca desmentida. Parece ser que el propio Juan Carlos no consentía que se hablara mal del anterior dictador en su presencia. Es digno de mencionar que Juan Carlos Borbón creó el ducado de Franco para sus herederos, un título con grandeza de España que justificó calificando la dictadura como: “una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria”. Este título sigue aún vigente, posiblemente porque el actual rey no se atreve a eliminarlo pues pondría de nuevo en relieve la relación de su padre con el dictador, volviéndose contra él como lo haría un búmeran.
La sombra de Franco y su dictadura es alargada. No son suposiciones dichas a la ligera: los datos y, sobre todo, la historia que tanto quieren distorsionar, son quienes ponen a los populares frente a un espejo con sus mayores vergüenzas. Incluso, han sido los responsables de que la fundación dedicada al dictador haya recibido dinero público durante la época de Aznar. Tampoco les molesta que dicha institución disponga de 
