La prisión permanente: el juguete del PP

José Antonio Bermúdez de Castro, diputado del PP, terminó su defensa de la prisión perpetua revisable y descendió del púlpito. Sus compañeros de partido se levantaron de un salto y aplaudieron, como siempre, con manos, antebrazos y rodillas. Durante todo su discurso, en un balcón destinado a la prensa y al público, un hombre y dos mujeres seguían sus palabras como entrenadores de fútbol. Él, sobre todo, animaba, corregía o se quejaba cuando los aplausos interrumpían al orador; quizá debían entrar un pelín más tarde… La cosa es que la bancada azul ovacionaba a Bermúdez. Pero algunas diputadas (cuatro o cinco) habían orientado su aplauso hacia otro de los balcones y hacían señales a sus correligionarios. Poco a poco, los compañeros se percataron de lo que habían olvidado y fueron girándose y palmeando también en esa dirección: allí, los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo y Mari Luz Cortés. Entonces, al ver el movimiento, los tres asistentes del otro balcón cantaron gol y celebraron la escenificación –la fotografía– con cierta saña, como se celebran los triunfos en los que importa más el hundimiento del contrario que la virtud de la propia victoria.

El pleno del jueves 15 de marzo demostró la pericia de la derecha para destilar cortinas de humo compuestas, más bien, de niebla ácida: te impiden la visión y te abrasan la conciencia. La química está de su lado, también la falta de escrúpulos y el jugar a ser (la ira de) dios. Hay que analizar el tempo parlamentario en conjunto. En semanas anteriores, los jubilados colmaron las calles. Lo malo de los jubilados es que no son jóvenes y no tienen pinta de aventureros pueriles y, por tanto, pueden contagiar a otros jubilados que componen, justamente, el caladero de votos del PP. El día anterior, miércoles, el Gobierno debió soportar un monográfico sobre pensiones que no arregló nada. El sábado más jubilados cortarán las avenidas.

En una entrevista para otro reportaje que anda cociéndose, Julián Carlos Ríos, experto en Derecho penal, explicó lo siguiente: “El político no le da a los ciudadanos seguridad con lo más básico, con las pensiones, los salarios o la vivienda; pero tiene que legitimar su existencia y lo hace dando sensación de seguridad: nos dicen que tengamos cuidado con el Chicle o con la Manada y nos aseguran que ellos están ahí para protegernos”.

Ana Julia Quezada no se detuvo por el hecho de que exista la prisión permanente. Tampoco lo habrían hecho El Chicle o El Rafita, y se sabe porque no reprimieron su conducta criminal ante la existencia de uno de los códigos penales más duros de Europa, que ya permitía, antes de la fórmula perpetua aprobada en 2015, cumplir condenas de 30 o 40 años dependiendo de los delitos.

Con la modalidad perpetua, la pena puede suspenderse condicionalmente tras un cumplimiento mínimo de 25 a 35 años. En otros países de Europa también existe esta condena, pero con una regulación menos drástica: en Alemania se puede solicitar la revisión al haber cumplido 15 años; en Francia, a los 18; y en Italia, a los 26.  Xavier Etxebarria, abogado y profesor de Derecho penal, explicó en su artículo ¿Hace falta la cadena perpetua?, que el sistema español, antes de la reforma, ya tenía “una penalidad inusitada incluso respecto a los países en los que existe la cadena perpetua”. Etxebarria concluía que la diferencia con la prisión permanente no era muy significativa. El jurista también diseccionó la situación del primer condenado (y único) en España a prisión permanente: “El parricida de Moraña, de 42 años, no podrá acceder a permisos al menos hasta 2027, al tercer grado hasta 2037 y a la suspensión de condena hasta 2045 (entonces tendrá 70 años)”.

Parece una norma difícil de compaginar con la Constitución, que fija la reinserción y la reeducación como vocación del sistema penal. Lo confirmaban esta semana más de 100 expertos en Derecho penal al firmar un manifiesto contra el mantenimiento de la prisión permanente donde tildaban de inhumanas las condenas derivadas de la ley. Cuando el preso entra en la cárcel, contempla un horizonte temporal indeterminado e imprevisible que no depende de su comportamiento. El recluso no puede intuir hasta cuándo permanecerá encerrado. Con la prisión perpetua en vigor, además, los requisitos para obtener el tercer grado son más gravosos que en el resto de condenas. Esa falta de perspectiva dificulta la reinserción. El presidiario pasa de producir víctimas a sentirse víctima. No resulta la situación más óptima para que se produzca una asunción de sus conductas anteriores y de su responsabilidad. Los expertos en mediación lo saben: no hay una toma de conciencia plena hasta que el culpable no se ve a través de los ojos de sus víctimas.

La prisión permanente es, hasta hoy, la última espuma de una ola de exacerbación penal que lleva décadas avanzando con las distintas reformas del Código Penal. En el artículo Populismo punitivo en España (1995-2015),varios expertos de la Universidad de Barcelona cuentan cómo el Ejecutivo de José María Aznar tomó el testigo de la reforma de 1995 y fabricó la alambrada penal que nos trae hasta hoy: construcción de cárceles, restricciones al tercer grado, frenesí punitivo… De modo que, hace 30 años, pocos habrían tolerado la aprobación de una norma semejante; pero después de reducir al mínimo el umbral del pánico de la ciudadanía (en un país donde apenas se cometen crímenes de gravedad) con ayuda de unos medios de comunicación hambrientos de audiencia y de subvenciones; la perpetua era, simplemente, un paso más. El paso siguiente se vivió hace pocas semanas cuando el Gobierno planteó la ampliación de los supuestos de la prisión permanente para que encajara mejor con los casos que, en ese momento, inquietaban a los ciudadanos. Hacía un mes que se había encontrado el cuerpo de Diana Quer.

En el pleno del Congreso, toda esta letra pequeña concernía poco a PP y Ciudadanos, que pretendían neutralizar la propuesta de derogación registrada y admitida a trámite (y bloqueada por PP y C’s) que presentó el Grupo Vasco. Les importaba, eso sí, el nombre y el impacto justiciero de ese nombre en la ciudadanía. “Prisión permanente revisable”, un término pretendidamente balsámico de cara al Derecho Internacional y a la Constitución, pero que, a la vez, comunica con suficiente claridad con aquellos que defienden la cadena perpetua. Así la llamaba, de hecho, el PP hasta que llegó el Gobierno. Flotaba también en la Cámara otro concepto equilibrador e indispensable: el de víctima. Una víctima homogeneizada por el Gobierno y convertida en única fuente de Derecho. Unas víctimas (algunas de ellas) presentes en el salón y que el PP no dudó en utilizar como contraargumento irracional. José Antonio Bermúdez de Castro amenazó así, sobre todo a los socialistas, con la posibilidad de la infamia: “Ahora, cuando suban a este estrado e intenten argumentar su posición no me respondan solo a mí, miren también arriba, a la tribuna, y convénzanles a ellos”.

Juan Carlos Girauta (C’s) salió a consumar el volantazo de su partido que firmó la derogación en el pacto de investidura con Pedro Sánchez. Como le recordaron todos los grupos, Ciudadanos, en su día, calificó la ley como muestra de “demagogia punitiva”, y se prodigó en otras grandilocuencias que, ahora, desde la tribuna, Girauta se desayunaba una tras otra. La retractación le supo a gloria. Su postura, en principio hablaba de esperar al fallo del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional, pero acabó proponiendo mayores rigideces a la hora de conceder permisos y el tercer grado.

Mirado desde la lógica del Estado de Derecho, el pleno no sirvió para nada; acaso para enfangar uno de los pilares de toda democracia: su sistema penal. Como dijo Miquel Legarda, ese debate debería producirse seriamente, en la comisión correspondiente y escuchando a los expertos… En cambio, mirado desde la lógica de la lucha por la hegemonía de la derecha, el pleno sirvió para todo. Quizá, con el tiempo, se vea como uno de los días que confirmó que, con el Estado social desmantelado, la ley se empezará a entender como un camino evangélico, como un camino de dogmas y principios y jerga legal que sólo pretende encubrir miedos y cuestiones sentimentales.

Mientras los padres de las víctimas observaban con su dolor profundo, en el foso se abría una brecha (visible en las risas irónicas, las tretas discursivas y los insultos de una bancada a otra) que evidenciaba, de nuevo, que la presunta defensa de los golpeados por el crimen no era más que un divertimento electoral.