La demanda de servicios religiosos a la Iglesia católica ha sufrido un notable retroceso en España a lo largo del último decenio. Así lo ponen de manifiesto las memorias de actividades que la Conferencia Episcopal publica anualmente.
Ese retroceso se pone de manifiesto en el número de sacramentos impartidos (bautizos, comuniones, bodas…). El dinero público destinado a financiar esta confesión religiosa a través de la asignación tributaria ha subido mientras tanto.
.- Bautizos. En 2007 se celebraron 325.271, casi mil de media al día. En cambio, en 2016 (último año del que existen datos oficiales) fueron 226.125, lo que equivale a un descenso del 30,5%. Es verdad que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante esos diez años disminuyó también el número de nacimientos (de 492.527 a 410.583), pero bastante menos (un 16,7%). De cada cien niños nacidos, en 2007 recibieron el bautismo 66 y en 2016, sólo 55.
El despacho de María Dolores Ramos es lo que se puede esperar que sea el despacho de una catedrática de Historia Contemporánea. Hay papeles y carpetas en cada rincón y pilas de libros en un aparente desorden que no es tal: los libros, donados por Iris Zavala, están amontonados siguiendo un criterio de género.
La decisión del nuevo Gobierno de orillar la derogación de la infame reforma laboral del PP, apelando a la “aritmética parlamentaria”, no puede haber cogido por sorpresa a nadie. Pedro Sánchez hizo bandera de este asunto en su primera vida como secretario general del PSOE, pero se cuidó de incluirlo en los programas electorales de 2015 y 2016. Tampoco figuraba en el fallido pacto de investidura con Ciudadanos, que hablaba genéricamente de “recuperar el equilibrio de las relaciones laborales”. Y la actitud del ahora presidente durante el debate de la moción de censura fue muy resignada, pese a la insistencia de algunas fuerzas políticas, en especial Unidos Podemos, para que adquiriera un compromiso claro al respecto.
La operación de imagen del PSOE en el gobierno en relación a la ‘política de extranjería’ está llena degestos simbólicos (acogida de los inmigrantes del Aquarius, retirada de las ‘concertinas’ de Ceuta y Melilla, recuperación de los derechos sanitarios de los ‘sin papeles’), de imagen humanitaria ‘de izquierdas’, que no cambian ni la esencia ni la raíz de la política de ‘racismo de estado’ que venía practicando el PP y en la que ambos partidos tienen un consenso básico (como en todo lo que denominan ‘políticas de Estado‘: ley de extranjería y CIEs, déficit y deuda pública, cuestión nacional y política represiva, desahucios y vivienda, legislación laboral y derechos sociales…).
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha asegurado este martes que el rey emérito tendría que haber declarado “como imputado” por la donación de 1,5 millones de euros que le hizo a la infanta Cristina para comparar el palacete de Pedralbes.
Ramón Alonso
La actual monarquía española se origina en una decisión del dictador fascista Franco que, tras derrocar el legítimo régimen democrático de la segunda república mediante un intento de golpe de estado y una cruenta guerra civil, reinstauró la monarquía designando como su sucesor a título de rey al entonces príncipe Juan Carlos. La buena relación entre ambos no ha sido nunca desmentida. Parece ser que el propio Juan Carlos no consentía que se hablara mal del anterior dictador en su presencia. Es digno de mencionar que Juan Carlos Borbón creó el ducado de Franco para sus herederos, un título con grandeza de España que justificó calificando la dictadura como: “una gloriosa etapa histórica de nuestra Patria”. Este título sigue aún vigente, posiblemente porque el actual rey no se atreve a eliminarlo pues pondría de nuevo en relieve la relación de su padre con el dictador, volviéndose contra él como lo haría un búmeran.
