Miguel Salas
El 21 de octubre, el gobierno del Partido Popular, con el acuerdo del PSOE y Ciudadanos, ha decidido dar un golpe de Estado en Catalunya, que el Senado confirmará el próximo 27. La aplicación del artículo 155 de la Constitución significa el cese de todo el gobierno catalán, la intervención del Parlament, que no podrá aprobar leyes ni proponer presidente, supone también controlar las funciones esenciales de la Administración de la Generalitat, especialmente en el terreno de la seguridad y los medios informativos públicos, representa una amenaza sobre los funcionarios que no acaten las órdenes y suponer convocar elecciones en un plazo de seis meses que, sin embargo, podría ser ampliado. La Generalitat y sus funciones serán dirigidas por un “virrey” y por los ministros de Rajoy. Es una decisión durísima contra Catalunya, que tendrá repercusiones en todo el Reino.
El 21 por la tarde, unas 450.000 personas, según la Guardia Urbana, llenaron de nuevo el centro de Barcelona para exigir la libertad de “los Jordis” (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) en prisión incondicional desde el día 16 y contra la aplicación del artículo 155. Una manifestación convocada por la Taula per la Democràcia, de la que forman parte la ANC, Ómnium Cultural, CCOO, UGT, Unió de Pagesos, y hasta 97 asociaciones sociales y civiles, que reunió a un amplio abanico de organizaciones y personas unidas por su voluntad de defender la democracia, de oponerse a la represión y de encontrar una salida que responda a la exigencia de una mayoría del pueblo catalán de ejercer el derecho de autodeterminación. Leer el resto de esta página »
Junto a Cifuentes, Granados también ha pedido, como en otras ocasiones, la imputación de los expresidentes de la comunidad Esperanza Aguirre e Ignacio González. En su escrito a la Audiencia Nacional, Granados, que se sentará en el banquillo a partir del próximo 14 de noviembre en el juicio a la trama Púnica, justifica que Cifuentes sea llamada a declarar en calidad de investigada en el mismo juicio por las informaciones contenidas en el nuevo informe de la UCO de este martes.
14 de octubre de 1977. Congreso de los Diputados. Es un día feliz para la izquierda. Estamos en plena transición y se ha conseguido llevar a las Cortes la votación de una Ley de Amnistía que pretende vaciar las cárceles de presos políticos. La Ley pretendía, sobre todo, ser una llamada al abandono de la vía armada. Todos los grupos parlamentarios están de acuerdo. Todos, menos uno: Alianza Popular. Quien le iba a decir a aquellos presos que la misma ley que sirvió para amnistiarles, serviría para blindar la dictadura franquista. O a los propios diputados que la aprobaron.





¿El "desastre de Chernóbyl" pudo haber sido provocado por un ataque del enemigo americano?