Se han incrementado mucho las sanciones por «desobediencia y/o resistencia a la autoridad», hasta alcanzar 33 multas de media diaria en 2016.
En los casi dos años transcurridos desde el 1 de julio de 2015, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza-, los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado han impuesto 285.919 multas, por un importe total de más de 131 millones de euros.
Según el informe Actuaciones en materia de protección de la seguridad ciudadana 2016, que ha elaborado el Ministerio del Interior y ha publicado el diario Público, las sanciones impuestas por «faltas de respeto y consideración» a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y por «desobediencia y/o resistencia a la autoridad» han aumentado considerablemente en 2016 respecto al año anterior.
La convocatoria irá precedida de una Semana de Lucha en Madrid para “calentar motores” y difundir los objetivos y reivindicaciones de las Marchas.El viernes 19 de mayo se presentó en rueda de prensa la Semana de Lucha mediante la que las Marchas de la Dignidad pretenden «calentar motores» para la manifestación estatal de próximo sábado 27 de mayo.
Odio y rencor, acompañado de violencia, es lo que destilan las derechas española y venezolana. En una dupla que no tiene parangón, el gobierno del Partido Popular, acompañado por Ciudadanos, la cara amable de la nueva derecha española, junto con sectores del PSOE, se ha dado a la tarea de promover en territorio español las guarimbas, emergiendo una acción coordinada internacionalmente destinada a justificar una guerra civil, invasión o golpe de Estado en Venezuela. Estamos en presencia de una nueva escalada en las estrategias desestabilizadoras. La violencia se exporta a las calles de Madrid, Barcelona o Bilbao. Cortan el tráfico, agitan pancartas, persiguen a los diplomáticos, boicotean actos públicos, amenazan de muerte y promueven la violencia propia de un nazismo corriente.
La conmemoración del 150 aniversario de El Capital ha renovado el debate sobre las contribuciones legadas por Marx a la comprensión de la sociedad actual. El texto continúa suscitando apasionadas adhesiones y fanáticos rechazos, pero ya no ejerce la enorme influencia que tuvo en los años 60 y 70. Tampoco padece el olvido que acompañó al desplome de la Unión Soviética. Ningún investigador de peso ignora actualmente el significado del libro y las relecturas traspasan la academia e influyen sobre numerosos pensadores.
Han pasado casi 43 años desde el Congreso que el PSOE celebró en Suresnes (1974). Un Congreso llevado a cabo durante la dictadura y en el que se partía de una premisa, de la necesidad de colocar el programa de Pablo Iglesias como expresión única de su ideología, de hacerlo sin ambages, de elevar sus postulados a la máxima categoría. Postulados que inmediatamente despreciaron bajo la excusa del cambio de los tiempos y de la sociedad española, del cambio generacional. Se pasó de la ideología a la estrategia que había de posibilitarles el acceso al poder. Felipe Gonzalez sería el encargado de llevar a cabo el «giro».
Mientras en el poder se mantiene el régimen monárquico que instauró el dictador y sigue sin hacerse justicia a los criminales de guerra, sin expropiarse las fortunas que obtuvieron, ahora en manos de sus herederos, todo ello como resultado de nuestra modélica Transición, siguen contabilizándose miles de fosas comunes, cifras que son un mapa de los fusilamientos e inhumaciones extrajudiciales cometidos por los franquistas.
En varios trabajos recientes diversos analistas y observadores de la vida política latinoamericana han reprochado a los intelectuales y militantes de izquierda su silencio ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Ese silencio, dicen, sólo refuerza los peores rasgos del gobierno de Nicolás Maduro. Este reclamo lo hizo hace unas pocas semanas un destacado intelectual venezolano, Edgardo Lander, y más recientemente, en una producción especial de Página/12, lo reiteraron dos colegas de Argentina: Roberto Gargarella y Maristella Svampa.
La conferencia episcopal está divulgando spots y videos en las redes sociales para animar a los católicos a poner una cruz en la casilla del IRPF. La iglesia católica utiliza el dinero del IRPF, según la memoria que la propia Iglesia presenta, para pagar al clero, para pagar gastos burocráticos de las diócesis y algunos otros gastos diversos como la televisión 13tv. Pero la realidad es que el Estado español, tras 40 años de Estado que se dice aconfesional, sigue financiando íntegramente lo salarios del clero diocesano. La Iglesia dice que esta recaudación es libre ya que, libremente, los ciudadanos pueden poner o no poner la cruz. En verdad la propia Iglesia Católica, en los acuerdos del año 1979, se había comprometido a autofinanciarse y no depender del Estado. Es un incumplimiento de los Acuerdos con la Santa Sede pero estos acuerdos constituyen la barricada que garantizan los privilegios de la iglesia católica, privilegios más propio de un Estado católico que de un estado aconfesional. 
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Amadeo Martinez Ingles
Colectivo Puente Madera
Kollontai
Victor Arrogante
¿El "desastre de Chernóbyl" pudo haber sido provocado por un ataque del enemigo americano?