El Tribunal Constitucional sería ya el último reducto de la resistencia democrática ante la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranquista.
La cartografía de la corrupción abarcaría a todas las Comunidades Autónomas estando los políticos presuntamente implicados en casos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias protegidos en un primer estadio por el status de “aforado” y en segunda estancia por la benignidad de los magistrados del Supremo a la hora dictar sentencias condenatorias, de lo que sería paradigma el llamado “Master Casado”. Asistiríamos pues a la escenificación de una lucha enconada entre un Tribunal Supremo, devenido en garante y tabla de salvación de las élites político-financieras del establishment inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias y el Tribunal Constitucional convertido en el último reducto de la resistencia democrática ante la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranquista.
Es inevitable. Cada vez que se plantea una reforma constitucional, máxime como la que intenta limitar el número de aforados, termina pronto desembocando en la sacrosanta inviolabilidad de Felipe VI,
Ignacio Escolar


Si las rectificaciones son ejemplos de sabiduría, el Gobierno parece empeñado en sorprendernos con demostraciones periódicas de su erudición enciclopédica. La última lección magistral ha consistido en dar el visto bueno a un sindicato de meretrices, publicar su inscripción en el BOE y anunciar después que la Abogacía del Estado impugnará sus estatutos porque un Ejecutivo feminista y socialista no puede avalar una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres. Según la ministra Magdalena Valerio, este curso acelerado de cómo hacer el ridículo ha sido un “gol por la escuadra”, probablemente de chilena, que le ha producido mucho tormento y enorme sofoco.
Óscar-López Fonseca





¿El "desastre de Chernóbyl" pudo haber sido provocado por un ataque del enemigo americano?