Javier Gallego
Habíamos visto tribunales politizados, fallos judiciales ideológicos, jueces enchufados por los partidos, fiscales que defienden a corruptos o maniobras para que las élites eludan la ley, pero no habíamos visto hasta ahora lo que ocurrió el viernes en el Supremo. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo dicta una sentencia que obliga a los bancos a pagar un impuesto que hasta ahora se cargaba a los ciudadanos y el presidente de la sala suspende la aplicación del fallo por su «enorme repercusión económica y social». Creíamos que los jueces estaban para interpretar la legislación, no para hacer cálculos financieros.
Los hagiógrafos de la alta magistratura, que haberlos haylos, han corrido a socorrer al máximo tribunal. Nos explican que había una sentencia anterior en la Sala de lo Civil que decía lo contrario y que por eso hay que elevar el asunto al pleno para contrastar ambas. Falso. La segunda sentecia anula expresamente la jurisprudencia previa, así que no había nada que discutir, y se obliga a la banca a devolver a los clientes lo que pagaron por error y eso es lo que no puede ser, que la banca pierda. La banca siempre gana.
Por eso había que detener este dislate antisistema de cuatro magistrados bolivarianos del Soviet Supremo. Y ahí ha salido con el capote para lidiar este toro el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, diciendo que le dejáramos tiempo para revisarlo con todo el pleno porque se había enterado del tema por la prensa. Falso también. Él mismo firmó la admisión a trámite del asunto en enero pasado. Pero no le ha gustado esta cornada a los bancos y la ha cambiado por una puñalada trapera a sus compañeros de sala y a los ciudadanos.
No lo llamarán así, pero lo que ha ocurrido es un golpe financiero al Estado de Derecho. Un presidente del máximo tribunal español ha paralizado una decisión firme sin más motivo que defender los intereses bancarios. De los creadores del rescate económico a la banca, llega ahora el rescate judicial. Además de plutocracia, bancocracia. Todos los poderes a su servicio, legislando a su favor, permitiendo cláusulas abusivas, indultando a banqueros, revisando sentencias en contra. Todo por la banca.
Los bancos pueden pasar por encima de la ley, apoyando su bota en la cabeza del Supremo, para sentar sus supremas posaderas en nuestra cara y en las de la maltrecha Justicia española, pisoteada por quienes más tienen el deber de protegerla. Quienes más tienen que defenderla se aprovechan de su privilegio para saltársela. También hoy leemos que la Infanta tiene trato preferente en las visitas a su marido en la cárcel y que Albert Rivera se saltó un control de trazas de droga y explosivo en el aeropuerto.
Ya lo dicen los cerdos cuando llegan al poder en Rebelión en la granja de Orwell: «Todos los animales son iguales pero algunos animales son más iguales que otros».
¿Llegado el caso un pelotón de soldados salvará a la Constitución (y a los españoles)? El Estado Mayor ya ha…