Moción contra los deshaucios.

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE COSLADA.

Sebastián Vegas Cuadrado, Portavoz del Grupo Municipal Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), al amparo de lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Coslada y en concordancia con lo previsto en el artículo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el artículo 46 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Presenta, ante este Pleno Corporativo, la siguiente Moción contra los desahucios.

Ayuntamiento de Coslada, a 30 de noviembre de 2012.

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez y vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad«.

Vemos como en nuestro país, las familias despojadas de su vivienda lo son por el endeudamiento sobrevenido tras el estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria que ha traído, como consecuencia, la pérdida de empleo, que alcanza a cerca de seis millones de personas, y sabemos que mientras existen medidas para el rescate de las entidades de crédito con aval público, no se ha puesto en marcha, desde el gobierno central, una sola medida que vaya dirigida al rescate efectivo de las personas.

La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y, además, una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así, no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que, además, una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales. 

Además, como resultado de todo ello, a las personas deudoras se les embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda.

La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Además, era totalmente desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios.

Todo lo aquí expuesto, como vemos, vulnera el derecho a la vivienda que, como mandato constitucional, está recogido en el artículo 47 de la Constitución donde establece que «todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Por otro lado, uno de los indicadores más visibles del uso especulativo y antisocial del parque de viviendas es la proporción de viviendas vacías; la ratio española es de 160 viviendas secundarias o vacías por 1.000 habitantes, esta proporción dobla la media europea.

La pérdida de la vivienda priva a las personas de toda residencia y, a su vez, la ausencia de residencia, conlleva la pérdida de otros derechos e impide a as personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente y, en muchos casos, las condena a la exclusión y marginación social y económica.

Por ello, la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), cree necesario intervenir con urgencia ante esta dramática situación.

El Pleno del Congreso ha convalidado el pasado 29 de noviembre, con los 185 votos del PP y UPYD, las abstenciones de Foro Asturias  (FAC) y Coalición Canarias-Nueva Canarias (CC-NC), y el rechazo de los 146 diputados del resto de grupos el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, sin modificar la Ley Hipotecaria ni la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regulan el proceso de desahucio.

Este Real Decreto establece una moratoria de dos años para los siguientes colectivos y circunstancias:

  • Que los ingresos del conjunto de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.579 euros mensuales o, lo que es lo mismo, cerca de 19.200 euros anuales. 
  • Que acredite que, en los cuatro años anteriores al momento de solicitud de la paralización del desahucio haya sufrido una alteración «significativa» de sus circunstancias económicas; entendiéndose por esto cuando el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en esos cuatro años, es decir, que si suponía un 40% haya pasado a ser un 60%.
  • Que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos percibidos por el conjunto de la unidad familiar.
  • Que se trate de crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedida para la compra de la misma.

Además, se tienen que encontrar en alguna de estas circunstancias:

  • Ser familias numerosas.
  • Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.
  • Ser familias con algún menor de tres años.
  • Tener a cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33%  o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral.
  • Ser deudores en paro y sin prestación de desempleo.
  • Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y que se encuentre en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
  • Y ser víctimas de violencia de género.

Como podemos ver, este Real Decreto-Ley establece una moratoria tan restrictiva que serán más las familias o personas excluidas que las beneficiadas. Estas medidas, además de injustas son claramente insuficientes, van a agravar la situación de las personas afectadas, pues durante el tiempo que dure la moratoria la deuda seguirá aumentando a base de los intereses que se irán acumulando.

Este RD-Ley plantea una moratoria de dos años, tras los que sigue vigente, por tanto, la amenaza de desahucio, a colectivos en los que tiene que darse, al mismo tiempo, unos requisitos que no van a abarcar a la diversidad y complejidad de un problema que ataca a uno de los derechos reconocidos en la Constitución y cuestiona y destruye uno de los derechos humanos básicos, el de que todas las personas disfruten de una vivienda digna.

Actualmente existen 400.000 familias desahuciadas de sus viviendas que, a pesar de haber perdido su vivienda,  mantienen la deuda perpetua con el banco, en un caso que evidencia como pocos la crisis – estafa en la que estamos viviendo, con un marco normativo obsoleto, como lo demuestra la franquista Ley Hipotecaria de 1946.

Este RD-Ley aprobado con la mayoría absoluta del PP y el voto de UPYD se ajusta, por otra parte, a los condicionantes previamente expresados por los banqueros españoles e internacionales. Es un mero parche que no soluciona el problema en su dimensión real. El mismo no abordará la problemática de miles de familias que sufren el drama producido como consecuencias de la ausencia de cobertura, de las dificultades e imposibilidades económicas en torno a un derecho constitucional como el derecho a una vivienda.

Con carácter previo, y exhibiendo una prepotencia y arrogancia incalificable, el Gobierno de la nación desde una perspectiva exclusiva y excluyente (a la que ya nos tiene acostumbrados) propone su intención de «negociar una solución» a solas con el principal partido de la oposición para acordar el contenido de un RD-Ley que, a todas luces, resulta insuficiente. Con esta actitud, el Partido Popular pretende ningunear al resto de los partidos políticos y ampararse en el bipartidismo que tanto les beneficia. Sin preocuparse, lo más mínimo, en los centenares de miles de familias que han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

Visto que, el gobierno del Partido Popular está más preocupado por la sensibilidad de las entidades financieras que por los derechos de los ciudadanos. Se ha plegado a las exigencias de la banca, ignorando las aspiraciones de la ciudadanía.

Visto, que estamos ante una mera operación cosmética y de maquillaje que pretende, a través de la afinidad mediática, amortiguar el enorme impacto que la sociedad española está percibiendo con las desesperadas reacciones de las familias afectadas, que han llevado al suicidio a varias personas en los últimos meses, víctimas de la desesperación y de la desesperanza.

Considerando, que esta operación cosmética no satisface ni a partidos políticos, ni a sindicatos, ni mucho menos a movimientos sociales que desde hace tiempo vienen trabajando en estos temas, como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y Stop Desahucios, entre otros muchos, a los que hay que agradecer el esfuerzo realizado y el éxito alcanzado con sus movilizaciones.

Todos los pasos que se den para atajar este gravísimo problema y ofrecer a las familias desahuciadas una salida digna a su problemática, debería ser siempre bienvenida para cualquier gobierno digno de lo que representa.

Considerando, que no se trata sólo de DESAHUCIOS. Se trata de la deuda y la carga hipotecaria de las personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso provocado por una situación a todas luces INJUSTA y por unas leyes vigentes que son una ESTAFA y que situán a las personas en manos de las entidades financieras, ante las que el Gobierno central no muestra intención política de confrontar a favor de la ciudadanía más vulnerable.

La Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), considera que los Ayuntamientos, que conforman la administración más cercana a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas, sino que deben eregirse como parte del Estado que, como en otras importantes ocasiones y momentos en que la sociedad lo ha demandado, pongan en el centro del debate político la necesidad de actuaciones urgentes sobre las personas amenazadas de desahucios, así como cambios normativos que den solución a uno de los problemas más graves con los que se encuentra actualmente la sociedad española.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), propone para su debate por el Pleno, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

 

PRIMERO.- Exigir la retirada del citado Real Decreto-Ley y su sustitución por una profunda reforma legal que contemple:

  • La paralización inmediata de los desahucios.
  • La dación en pago con carácter retroactivo.
  • El alquiler social como solución alternativa.
  • La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • La reforma de la Ley Hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la adquisición de vivienda.

SEGUNDA.- Instar al Gobierno Central para que apruebe una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se encuentran en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.

TERCERO.- Instar al Gobierno Central para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida, se aplique la dación en pago regulada en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.

CUARTO.- Acordar el apoyo de este Ayuntamiento a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la Proposición de Ley de la Regulación de la Dación en Pago, de la Paralización de Desahucios y del Alquiler Social, para modificar las injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que permiten la sangría de desahucios masivos que se están produciendo.

QUINTO.- Instar a las administraciones con competencias, Gobierno y Comunidad de Madrid, a que hagan efectivo el uso social de la vivienda recogido en los Tratados Internacionales, la Constitución y el Estatuto, y de esta forma deje de crecer el parque de viviendas vacías, a costa de quienes pierden sus viviendas en manos de los bancos. Se hace necesario que, de manera urgente, se habiliten normas esenciales para movilizar el parque de viviendas deshabitadas existentes en nuestra Comunidad y se fomente el alquiler adecuado.

SECTO.- Más allá de las medidas de competencia supramunicipal, se proponen las siguientes medidas a emprender por este Ayuntamiento:

  • Plantear la eliminación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación en pago de la vivienda, en aquellos supuestos que la ley lo permita.
  • Revisar los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y ofrecer colaboración en pedir al órgano judicial la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
  • Negar la colaboración a cualquier participación de la Policía Local de Coslada que se lleve a cabo en nuestro término municipal, salvo que medie mandato expreso judicial.
  • Retirar los fondos que pudieran tener depositados en aquellas entidades financieras que, siendo beneficiarias de ayudas estatales, lleven a cabo algún proceso de desahucio.
  • Retirar los fondos que pudieran tener depositados en aquellas entidades financieras que, siendo beneficiarias de ayudas estatales, lleven a cabo algún proceso de desahucio.
  • Interpelar a las entidades financieras que operan en nuestro municipio para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria, así como buscar alternativas como la dación con cancelación de deuda o un alquiler adecuado.
  • Crear, de forma urgente, unos servicios específicos de información, asesoramiento, acompañamiento y mediación para intervenir en los procesos de desahucios, negociación de créditos, liquidación de deuda o renegociación de nuevas hipotecas. El objetivo sería poner a disposición de la ciudadanía un servicio público y gratuito de prevención, intermediación y protección ante el problema de los desahucios. Este servicio debe estar a disposición de las organizaciones sociales que trabajan con las víctimas de los desahucios.
  • Crear un parque público de viviendas sociales, para alquiler social, con el stock de viviendas existentes, en cantidad suficiente y proporcional a la demanda necesaria.
  • Apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos arriba enunciados.

SEPTIMO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros y, en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y Senado, a la Asamblea de Madrid, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las Asociaciones Vecinales de Coslada.

 

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