César Strawberry
Desde hace cuatro años, España viene padeciendo un recorte de libertades y derechos fundamentales inaudito, que bajo ningún concepto puede consentirse en el marco de la Unión Europea. La ciudadanía es víctima de una ofensiva perfectamente planificada por las más altas instancias políticas en peligrosa connivencia con un poder judicial que se percibe excesivamente permeable a sus criterios, reiterándose en la vulneración los convenios suscritos con la Unión Europea en esa materia, a los que nuestro país, además, debe obligada obediencia.
Si Turquía no forma parte de la UE es, entre otras razones, porque no cumple con los requisitos mínimos exigidos por Bruselas en cuanto a Derechos Humanos. Pero la España de M. Rajoy parece más interesada en importar a la piel de toro el argumentario del propio Erdogan que en aplicar las directrices marcadas por Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de las muchas y variadas condenas que acumula hasta el día de hoy el Reino. Porque, aunque sea ilegal, aquí siguen haciendo la vista gorda, tratando de normalizar el hecho aberrante de que las condenas a raperos y tuiteros impliquen penas de prisión más altas, incluso, que las aplicadas a corruptos o a las agresiones machistas u homófobas, con la clara intención de imponer un cambio de paradigma de normalidad en el que, creando nuevos perfiles criminales donde nunca los hubo, su represión desproporcionada genere el miedo suficiente para ser asumida mayoritariamente como algo imprescindible para mantener la normal convivencia. Leer el resto de esta página » →
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