Desde 2011 y al amparo de la crisis económica, una oleada de movilizaciones masivas recorre España de punta a punta en contra de los recortes sociales y democráticos que aplican de forma implacable tanto el gobierno central como los autonómicos. Han pasado los años y ninguno de aquellos recortes ha sido eliminado. Mientras se daban miles de millones a la banca para sanear sus cuentas. Por encima de contradicciones y luchas, tanto el gobierno del PP, como los autonómicos, mantiene la limitación de derechos ciudadanos, tomando medidas siempre a espaldas de la mayoría trabajadora.
Para los dirigentes políticos en el poder, la economía se está recuperando, pero la realidad que viven millones de familias nos dice lo contrario: al paro se suma el aumento de la precariedad y del empleo temporal con sueldos de miseria; los lanzamientos de familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler de su vivienda crece cada día más, la reducción del gasto social y en sectores vitales como el transporte y la energía continúa, el sueldo de los empleados públicos se mantiene congelado, los salarios han aumentado el último año la mitad que los precios; las pensiones suben un mísero 0,25% y están en permanente amenaza, etc. La mejora de la economía únicamente la perciben los grandes empresarios, rentistas e inversores.
La experiencia de estos años nos enseña que tenemos enfrente todo un entramado institucional, político y jurídico que sirve a los intereses de una minoría empresarial y financiera que dicta las órdenes y controla el poder del Estado con la ayuda de unos representantes políticos de viejo y nuevo cuño, que actúan a espaldas de la mayoría social. Ignorar esta verdad, nos ha llevado hoy a una situación de impotencia efectiva, dispersión y desmoralización
Este bloque de poder político argumenta que las leyes que imponen y que niegan nuestros derechos sociales son parte de la convivencia común en democracia, pero lo cierto es que esas leyes se aplican o ignoran, se mantienen o modifican, según el criterio de una minoría, sin que se consulte a los ciudadanos. La Constitución de 1978 herencia del franquismo, únicamente se ha alterado una vez en sus 39 años de vigencia para modificar el artículo 135 que garantiza el pago de la deuda, antes que atender las necesidades de los ciudadanos, por acuerdo entre el PP y el PSOE que no fue sometido a Referéndum como indica la propia Constitución vigente.
El turnismo en el poder, no solo controla, gracias a un sistema electoral perverso, las principales instituciones del Estado que hacen las leyes, sino también el poder judicial que las interpretan (a través del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que se eligen directamente entre el Parlamento y el Senado) y las fuerzas policiales que, en su caso, las imponen.
Los republicanos decimos junto a la ciudadanía más consciente y consecuente que estamos a fecha de hoy, ante una auténtica crisis del Régimen de 78, económico, político, de descrédito de todas las instituciones, incluida la monarquía. La Transición es un periodo absolutamente agotado. La ciudadanía ve como el régimen es incapaz de dar soluciones a sus problemas y responder a sus necesidades, mientras la corrupción llega, hasta la propia institución monárquica. Para todos estos problemas, la solución es la República. Ya que todas las referencias a la recuperación de la soberanía popular, a la regeneración democrática y de los derechos sociales y nacionales de la sociedad española deben tener como exigencia indiscutible la implantación de la República.
Conscientes de esta situación, las fuerzas políticas y sociales y las organizaciones republicanas, junto a gentes que firmamos este llamamiento, acordamos promover la creación de Comités pro consulta Republicana, en todos las capitales, ciudades, pueblos y núcleos ciudadanos. E iniciar una campaña que permita avanzar hacia la superación democrática de un régimen que ha convertido la libertad en una palabra vacía y entiende la democracia como una concesión del poder político y no un derecho de la ciudadanía. Sin romper con las ataduras del régimen monárquico, no es posible avanzar en democracia.
“Lo llaman democracia y no lo es” Éste es el grito unánime de una sociedad que sale a la calle a exigir sus derechos y protestar contra los recortes económicos y las libertades. La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años, sino a tomar parte en todas las decisiones políticas y económicas que afecten al pueblo soberano.
Te invitamos a participar en este proceso, aportando tus ideas para ayudar a hacer realidad la apertura de un periodo de consulta democrática, imprescindible para salir del marasmo al que nos arrastra el régimen y sus servidores.
¿Llegado el caso un pelotón de soldados salvará a la Constitución (y a los españoles)? El Estado Mayor ya ha…