J.M. Garrido
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha atendido a la petición que le había formulado hace justo un mes la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la imputación de los tres expresidentes de la Comunidad de Madrid en esta pieza de ‘Púnica’, así como de otra treintena de personas entre las que se encuentran los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, que están citados el 14 de octubre.
En medio de un intenso calendario de citaciones que abarcan desde el 9 de septiembre hasta el 18 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha llamado a declarar a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes. Los informes de la Guardia Civil aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam.
Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregados al juzgado en los últimos meses sitúan a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, en las que Aguirre presidía a los ‘populares’ madrileños.
Los investigadores apuntan a que el Partido Popular de Aguirre se convirtió en una presunta “organización criminal” que saqueaba hasta ocho consejerías para financiar al partido. Todo ello a través de la adjudicación amañada de numerosos contratos públicos.
Así, la Justicia pone el foco en el ‘saqueo’ de las consejerías de Presidencia, Sanidad, Transportes, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda e Innovación Tecnológica.
Presuntos delitos
Además de un presunto delito de “organización criminal”, la Justicia considera que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid cometió los presuntos delitos de “falsedad documental”, “prevaricación de funcionarios publicos”, “blanqueo de capitales”, “falsedad electoral”, “tráfico de influencias”, y “delito continuado de apropiación indebida”.
Según los investigadores, la “financiación ilícita” no solo fue del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, sino también de sus dirigentes a través del presunto desvío continuado de dinero publico.
“Clausulas del 1%” para financiar al PP
Para ello, el Partido Popular de Esperanza Aguirre aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la CAM, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente, a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada.
Dicha publicidad sería solo algunas veces prestada para disimular el verdadero objeto de la licitación: recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el SERMAS, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado “Plan de Infraestructuras Sanitarias”, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud.
Según la investigación, el importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió a 1.190.481,83 euros en el caso de los centros de salud y de 1.883.286,70 en la construcción de nuevos hospitales.
En total, fueron siete los hospitales de los que que a través de esta cláusula del 1% sirvieron para financiar al Partido Popular. Son los ubicados en Aranjuez, Arganda, Coslada, Majadahonda, Parla, San Sebastián de los Reyes y Vallecas.
¿Llegado el caso un pelotón de soldados salvará a la Constitución (y a los españoles)? El Estado Mayor ya ha…