Rajoy estudia una segunda reforma laboral más dura que la de 2012 y con salarios más bajos.

El Gobierno español proyecta endurecer de forma gradual la legislación laboral para adecuarla a lo que le pide el sector más neoliberal del gobernante Partido Popular (PP), agrupado en torno a las Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside el ex presidente José María Aznar.

Esta nueva reforma laboral en cartera coincide en gran parte con las líneas conocidas del tratado de libre comercio que negocian en secreto Estados Unidos y la Comisión Europea en Bruselas y que cuartopoder.es analizó en su momento. Ahora se trata de dar un paso más en la reforma laboral de febrero de 2012 y de ‘liberalizar’, digámoslo así, desde el INEM hasta las prestaciones sociales.

La nueva reforma que estudia el Ejecutivo -que no se hará de golpe, sino a paso a paso, pero que se va a acelerar tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre algunos aspectos de la reforma laboral de 2012- está contenida en buena medida en el documento Reflexiones sobre el mercado de trabajo: continuar la reforma que, dentro de la FAES, ha sido dirigido por Miguel Marín y coordinado por Valentín Bote. En el capítulo final, Conclusiones y orientaciones que cierra este documento de 228 páginas aprobado hace tan sólo unos días, se desarrolla una ‘segunda fase’ de la reforma laboral que copia en buena medida el modelo norteamericano. Incluso se pide abiertamente que el Estado beneficie a las agencias privadas de colocación y a las empresas de trabajo temporal, por encima del INEM.

Según han confirmado a cuartopoder.es medios populares, tanto en el área económica del PP como en el Gobierno que preside Mariano Rajoy se está estudiando la implantación en la legislación laboral de medidas como las que contiene el documento de FAES, fundación en la que son patronos un buen número de ministros, como la propia titular de Empleo. En todo caso, algunas de esas medidas propugnadas por FAES se están poniendo ya en práctica.

Entre esas últimas destacan las aprobadas por el Consejo de Ministros del 18 de julio, fecha emblemática donde las haya: la modificación de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social -el Gobierno sostiene que la mayor parte de los trabajadores con baja médica lo son de forma fraudulenta- y la regulación de determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en el primer año de su duración. Dos medidas de endurecimiento y control que habían sido exigidas por la gran patronal.

No es suficiente, ni mucho menos, porque los más neoliberales del PP están pidiendo a Rajoy que considere la reforma laboral que aprobó el Gobierno en febrero de 2012 tan solo como “un concepto que debe entenderse en sentido dinámico”; es decir, que quieren que se adopten nuevas medidas, muchas de las cuales están recogidas en el documento ahora aprobado por FAES. Se trataría, entre otras, de las siguientes:

1 Salarios mucho más bajos al estilo de los mini-jobs alemanes como norma.

2 Reducir el coste del despido

3 Reducir el salario mínimo interprofesional.

4 Beneficiar a las ETT por encima del INEM.

5 Reducir los plazos máximos de la prestación por desempleo.

6 Desvincular completamente los salarios del IPC.

7 Disminuir aún más los salarios a personas menos cualificadas.

Es decir, lo que plantea el gobierno es flexibilizar el mercado laboral, avanzando en la reducción de los costes vinculados a la contratación de modo general. Es decir, salarios mucho más bajos y al estilo de los mini-jobs alemanes.

Poner en marcha modelos que buscan reducir el coste del despido. O lo que es lo mismo: profundizar en la simplificación contractual y la ‘portabilidad’ de la indemnización por despido a un sistema de cuentas de ahorro individuales similar al modelo austriaco, lo que ayudaría -dicen ellos- a reducir los costes y a incrementar los incentivos de la movilidad laboral entre empresas.

Ahondar en el proceso de simplificación contractual; es decir, que se eliminen figuras contractuales y bonificaciones y se avance hacia la igualación de todos los costes de despido de las figuras contractuales que sobrevivan en unos niveles más moderados. En definitiva, que se reduzcan aún más los salarios y formas de contratación y mucho más aún las indemnizaciones por despido.

En el salario mínimo interprofesional introducir reformas como las de Alemania, donde se aumentaron los incentivos a los desempleados de larga duración para aceptar empleos de menor remuneración mediante la compensación de esos bajos salarios con prestaciones suplementarias para conseguir el ‘nivel mínimo’ de bienestar social (conocido como combined wage/income). Quienes predican esta fórmula sostienen que se puede modular la cuantía del salario mínimo, estableciendo diferentes umbrales en función del nivel de cualificación de la mano de obra o del tipo de ocupación que se desempeña. Esta medida -dicen ellos- habría de acompañarse de complementos aportados por el Estado, ya sea a las cotizaciones pagadas por la empresa o al propio salario, para facilitar la contratación y la aceptación de estos empleos por parte de los desempleados.

Modernización de los servicios de empleo, pero con la introducción de lo privado; es decir, permitir una mayor penetración de las ETT -empresas de trabajo temporal- en el mercado de trabajo español para aumentar la flexibilidad. Quienes piden tal beneficio para estas empresas privadas sostienen que tanto las agencias de colocación como las ETT desempeñan un ‘papel fundamental’ para contar con una ‘intermediación más dinámica’ y con ‘menos fricciones’.

En las prestaciones por desempleo quieren desempolvar una vieja propuesta que nunca fue retirada del todo: ‘modular’ la cuantía de la prestación a lo largo de los meses de su vigencia, concentrando una parte sustancial en los primeros meses de prestación, en los que actúa ‘genuinamente’ como un seguro, y valorando reducciones de los plazos máximos aun manteniendo o incluso aumentando el volumen total de la prestación. En ese punto, están considerando acciones para reforzar el tipo de actuaciones de ‘activación y búsqueda de empleo’ que sería preciso justificar para obtener la percepción del total de las prestaciones. Y, también, quieren redefinir el actual concepto de “empleo adecuado” que ya se introdujo en la primera reforma de 2012; es decir, el trabajo que un desempleado debería aceptar cuando el servicio de empleo se lo ofrezca.

‘Desindexación’ de salarios y ruptura de la vinculación de los mismos con el IPC: estas dos medidas ya han sido prácticamente tomadas.

Salarios acordes con el esfuerzo formativo, lo que significa rizar el rizo: dicen que los salarios en España para los trabajadores menos cualificados son muy similares a los que perciben aquellos con perfiles formativos superiores, lo que “desincentiva la prolongación de los estudios por encima del nivel obligatorio” e “impide la generación de un mercado de crédito desarrollado y profundo” como el existente en otros países para financiar la inversión en capital humano.

En el epígrafe sobre políticas activas de empleo se oculta una trampa más: se trata de borrar de golpe aquellas políticas que se muestran ‘manifiestamente ineficaces’, a juicio del Gobierno, como las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social de determinados colectivos. Pero, paralelamente, se estudia la creación del cheque-formación, una modalidad que permitiría entregar al desempleado un bono por una determinada cantidad de formación siendo él quien debería decidir dónde recibirla y si quiere complementarla con recursos propios. Esta propuesta contiene otra trampa más, porque toca directamente a los cursos de formación, y, en este caso, afecta tanto a sindicatos como empresarios.

Finalmente, en el empleo público se estudia como ‘deseable’ que le sean de aplicación esquemas de incentivos a la movilidad o a la formación en los términos ya expresados para el resto de trabajadores.

Manuel Ángel Menéndez

Fuente: www.cuartopoder.es