El Patronato de Protección a la Mujer fue utilizado por el régimen como un instrumento de «control y represión» permanente de mujeres jóvenes.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado un acuerdo del Gobierno por el que se inicia el procedimiento para declarar Lugar de Memoria el Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985).
Este acuerdo, que se incoa de oficio, se da a conocer en una jornada en la que el Gobierno reconocerá a 53 mujeres víctimas de la institución, que durante la dictadura franquista se convirtió en un instrumento «de control y represión» de mujeres jóvenes.
Creado en 1941 como organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Patronato recuperó el nombre de instituciones anteriores dedicadas a la vigilancia de la moral femenina, aunque con un carácter «profundamente represivo» acorde con la ideología del régimen franquista.
Según recoge el diario oficial, su objetivo era evitar la prostitución y proteger a las jóvenes consideradas en riesgo moral. Sin embargo, en la práctica «se convirtió en un instrumento de control sobre la conducta, la sexualidad y la vida cotidiana de miles de mujeres, muchas de las cuales fueron detenidas e internadas sin haber cometido delito alguno y sin resolución judicial».
Vigilancia permanente a las mujeres
La institución se apoyaba en una extensa red de juntas nacionales y provinciales, así como en la colaboración de autoridades civiles, religiosas y policiales, lo que permitió establecer un sistema de vigilancia permanente sobre la población femenina.
A través de este sistema, las denuncias podían llegar de familiares, vecinos, sacerdotes, docentes o fuerzas de seguridad, de modo que cualquier joven considerada «caída o en riesgo de caer» podía ser sometida a expediente y trasladada a centros dependientes del Patronato.
Este modelo de control respondía al ideal de mujer promovido por el franquismo, basado en la obediencia, la pureza moral, la maternidad y la subordinación al varón, por lo que cualquier conducta considerada desviada podía ser interpretada como un peligro social.
Las jóvenes detenidas eran trasladadas a centros de observación y clasificación, donde se realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales que determinaban su destino dentro de la red de instituciones, entre ellos reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades, muchos de ellos gestionados por órdenes religiosas.
Por todo ello, el Gobierno considera que el Patronato de Protección a la Mujer constituye un «hecho histórico de singular significación» vinculado a la represión durante la dictadura y a la memoria de las mujeres, que encaja en la definición de patrimonio inmaterial susceptible de ser declarado Lugar de Memoria.
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